Nevada gasta cerca de un tercio de su presupuesto general en programas de salud pública como Medicaid y servicios de salud mental. Pero, para afrontar el enorme déficit presupuestario creado por la lucha contra la pandemia COVID-19, los legisladores deben eliminar cerca de 233 millones de dólares de los servicios utilizados para la salud pública.
Lucia Starbuck de KUNR analizó cómo esto afecta a los beneficiarios de Medicaid y a los trabajadores esenciales.
Ella habló con Jennifer Cantley de Indian Hills una madre de tres niños pequeños. Está mamá se involucra en su comunidad y entrena a sus hijos en el fútbol, lo cual puede ser difícil, ya que los cuatro tienen asma.
Dijo que antes de inscribir a su familia en Medicaid, ella gastaba cientos de dólares al mes sólo en los inhaladores.
“Quiero decir que costaban casi 200 dólares cada uno porque mi seguro en ese momento no los cubría realmente. Sólo compraba un solo inhalador y lo compartiamos todos nosotros”, dijo Cantley.
Cantley es sólo una de los aproximadamente seiscientos 688,000 nevadenses que usan Medicaid, el programa de asistencia médica pública para estadounidenses de bajos ingresos.
La División de Financiamiento y Política de Atención Médica se ubica en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. Como todas las agencias estatales, la unidad debe reducir su presupuesto por un 14 por ciento, es decir, por US$1.4 mil millones, como lo requiere el gobernador Steve Sisolak.
Eso significa que la División de Financiamiento y Política de Atención Médica enfrenta una reducción de unos 140 millones de dólares.
Los recortes que se proponen afectarían varios servicios de Medicaid para adultos, como la limitación de las sesiones de fisioterapia, los servicios de hospicio y el cuidado dental. La división también podría eliminar por completo los servicios opcionales de Medicaid incluyendo la optometría, servicios de prótesis, enfermería privada, terapia ocupacional, servicios quiroprácticos y la gestión de casos de comportamiento.
Esos servicios se consideran optativos porque el gobierno federal no requiere que los estados los proporcionen, pero el director del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Richard Whitley en Nevada, dijo que muchos nevadenses dependen de ellos.
Esto preocupa a los proveedores de servicios de salud. Alrededor del 36 por ciento de los adultos de bajos ingresos ya han demorado el tratamiento de una enfermedad grave en los Estados Unidos, según una encuesta de Gallup del pasado mes de diciembre.
“La probabilidad de que necesiten más servicios en tres meses va a ser mucho mayor, lo que le costará más dinero al estado”, dijo Cameron Duncan de la Asociación de Enfermería de Práctica Avanzada de Nevada.
Se verán afectados no sólo los individuos y las familias. Los ajustes también afectarán a los proveedores de servicios médicos, principalmente por una reducción del 6 por ciento en los reembolsos de Medicaid. En otras palabras, el próximo mes, el estado comenzará a reembolsar a los proveedores de salud que tratan a pacientes de Medicaid a una tasa más baja.
Además de los ajustes a Medicaid, la propuesta del gobernador también incluye la eliminación de casi 20 millones de dólares de la División de Salud Pública y del Comportamiento, la unidad que supervisa los servicios de salud mental en el estado.
Estos recortes podrían limitar la cantidad de dinero que Nevada obtiene del gobierno federal, aumentando aún más el impacto en un estado que ya gasta menos en salud pública que casi cualquier otro.
Lucia Starbuck es miembro del equipo de Report for America, una iniciativa del Proyecto GroundTruth, y produjo esta historia en asociación con This Is Reno. La versión original de este artículo se publicó en inglés y se compartió con Noticiero Móvil como parte de una colaboración con la radio pública KUNR.