La asambleísta Cecelia González dice que su proyecto daría otra capa de privacidad a familias inmigrantes si se anulan protecciones federales actuales.
A unas semanas de que el presidente Donald Trump dejó sin efecto una política creada bajo el gobierno del Presidente Barack Obama que prohibía actividades de control de inmigración en escuelas e iglesias, una legisladora estatal está proponiendo un proyecto para prohibir que funcionarios de inmigración accedan a instalaciones escolares de Nevada sin una orden judicial.
La iniciativa de ley AB217 de la asambleísta estatal demócrata Cecelia González también convertiría en delito menor que un empleado del distrito escolar comparta información sobre un estudiante o integrante de su familia con funcionarios que investigan o hacen cumplir las leyes de inmigración.
El proyecto, presentado el 3 de febrero, aún no ha sido programado para una audiencia.
La ley federal impide que las escuelas divulguen registros educativos de los estudiantes, incluyendo información sobre estatus migratorio, a menos que hayan circunstancias excepcionales.
En 2017, los distritos escolares, incluidos Clark y Washoe, aprobaron resoluciones que prometían proteger a los estudiantes de que las autoridades migratorias los busquen a ellos o a su información.
González dice que su iniciativa daría una capa adicional de protección a las familias inmigrantes, especialmente debido a que los distritos escolares en zonas rurales de Nevada podrían carecer de tales resoluciones establecidas y a que las actuales protecciones federales podrían quedar sin efecto.
“La meta es que esto sea una práctica estandarizada”, dijo González.
El proyecto de ley surge cuando la estricta agenda migratoria de Trump ha generado miedo y confusión entre maestros e inmigrantes en Nevada.
Brisa Arce, de 44 años, empleada de la Preparatoria Sparks, dijo que los padres de su escuela han expresado preocupación acerca de que oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se puedan presentar en la escuela y llevarse a niños.
Aunque ella cree que las protecciones actuales en el distrito escolar serán suficientes para evitar la aplicación de las leyes de inmigración, le preocupa la amenaza de deportación fuera del horario escolar. Más del 70 por ciento de los estudiantes en su escuela se identifican como hispanos o latinos.
“Aunque a veces los niños lo toman como un juego, es una preocupación”, dijo Arce. “Es un miedo que les puede afectar psicológicamente y en su rendimiento escolar”.
Arce agregó que muchas de las familias con las que ella trabaja son solicitantes de asilo y que varias han dejado de presentarse a citas legales por miedo a ser detenidas.
Recientemente, directores de las escuelas del Condado Washoe enviaron mensajes a las familias asegurándoles que la información de sus estudiantes no se compartirá con nadie a menos que haya una emergencia o una orden judicial.
El superintendente del Distrito Escolar del Condado Elko, Clayton Anderson, envió una carta similar a sus estudiantes y familias.
El teniente de la Policía del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), Steve Hewitt, hizo eco de esas posturas durante un evento que encabezó el 5 de febrero la organización no lucrativa Hispanics in Politics.
“Los agentes de la policía del CCSD no detendrán, arrestarán ni interrogarán a una persona basándose únicamente en su estatus migratorio, punto”, dijo Hewitt, y agregó que hasta ese momento, el departamento no había tenido noticias de que ningún agente de inmigración hubiera entrado o estado cerca de las escuelas del distrito.
La AB217 también convertiría en delito menor que un oficial de la policía escolar o empleado del CCSD utilice un agente químico, como gas pimienta; o un dispositivo electrónico de aturdimiento, como un arma eléctrica Taser, en contra de un alumno o un menor.
En Oklahoma, maestros y funcionarios electos se han opuesto a la propuesta de una regla para que las escuelas pidan prueba de ciudadanía estadounidense durante la inscripción (un fallo de la Corte Suprema en 1982 declaró que los niños tienen derecho a una educación pública independientemente de su estatus migratorio).
El sindicato de maestros Asociación de Educación del Estado de Nevada (NSEA) indicó que apoya el derecho de todos los estudiantes a asistir sin miedo a la escuela.
La presidenta de la Junta Escolar del Condado Washoe, Beth Smith, hablando a título personal y no en su calidad de integrante de la junta, dijo que apoya que el proyecto de ley vaya más allá de las actuales resoluciones del distrito para dejar en claro que hay leyes para proteger la privacidad de los estudiantes y su derecho a asistir a la escuela y delinear las consecuencias por quebrantar esas leyes.
La Asociación de Educación del Condado Clark declinó hacer comentarios en cuanto al proyecto de ley.
El CCSD respondió a una solicitud de comentario acerca de las dos partes de la iniciativa, pero hizo referencia a un comunicado previo sobre sus protocolos para proteger los derechos de los estudiantes inmigrantes a la educación y privacidad y agentes del orden público o funcionarios gubernamentales en sus campus.
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