Los recientes cambios en la ley de la carga pública se activaron a finales de febrero, y afectarán a los inmigrantes beneficiarios de programas de asistencia que buscan tarjetas de residencia permanente y la ciudadanía a Estados Unidos.
La Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada (PLAN, por sus siglas en inglés) organizó en febrero un foro de inmigración para que los miembros de la comunidad inmigrante se informen mejor sobre los cambios mientras escuchan a un panel con profesionales legales en el área.
“Esta política es una solución en busca de un problema de muchas maneras”, ironizó Kyle Edgerton, un abogado local y agregó: “y parte de la motivación para ello es, creo, crear caos, incertidumbre, y miedo”.
La ley de carga pública se deriva de lo que originalmente era la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de la Inmigración para prevenir las actividades de inmigración fraudulentas, en 1996.
“Ha estado en vigor durante mucho tiempo. La diferencia ahora es que están usando estos factores, y realmente hay tres factores negativos”, según precisó Karen Monrreal, una abogada de inmigración en Reno que estaba en el panel.
Según se señaló en el panel, los casos están determinados por varios factores positivos y negativos relativos a la situación financiera de las personas.
Estos factores incluyen el no trabajar, especialmente si la persona está en posesión de un permiso de trabajo, condiciones médicas, familias numerosas y aquellos que reciben ciertos beneficios públicos como el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) o beneficios de vivienda, entre otros.
“La situación de cada persona va a ser diferente, y el abogado o el representante acreditado ideará un plan, un plan de rehabilitación si se quiere, para poner a la persona en una mejor posición para solicitar una eventual residencia o la ciudadanía americana, o para que pueda recaudar el dinero para pagar la fianza si no va a poder cumplir con los requisitos previos”, dijo Steve Brazelton, un abogado de Reno.
Los nuevos cambios en la ley pueden parecer complicados y aterradores. Asimismo, todos los panelists hicieron hincapié en la búsqueda de asistencia jurídica.
“Obtener una consulta es la mayor defensa que un individuo tiene para saber cuáles son sus opciones”, dijo Annie Allen, directora del programa de asistencia de inmigración de Catholic Charities del Norte de Nevada.
“No puedo enfatizar lo suficientemente importante que es eso como también obtenerlo de una organización de buena reputación, porque vemos muchos casos en los que los individuos acuden a notarios que hacen promesas que no pueden cumplir, o no conocen estas intrincadas políticas que terminan realmente arruinando su caso”, dijo Allen.
Los nuevos cambios en la regulación restringen la capacidad de los inmigrantes de buscar la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense, al otorgarles acceso a una green card solo debido a la independencia financiera de la persona.
“He oído hablar de mucha gente, e incluso se me acercaron hoy, y me dijeron que, ‘bueno, entré en pánico, no renové el seguro médico de mis hijos porque no quiero que me deporten'”, señaló Monrreal.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la regla no se aplica a algunas personas incluyendo refugiados, asilados, víctimas de tráfico, y mujeres huyendo de violencia, entre otros grupos exclusivos.
“Estamos viendo cómo USCIS va a tratar [la nueva política] y qué es lo que van a implementar y cómo se van a ceñir a ella y cuáles son las cosas que definitivamente van a mirar”, dijo Monrreal.
La regla tuvo mucha oposición, pero una reciente decisión de la Corte Suprema la convirtió en ley nacional — aunque es aún posible que sea impugnada de nuevo en el futuro.
“Creo que este es un cambio realmente grande en la ley y puede o no terminar siendo declarada legal o constitucional por los tribunales federales, esos casos todavía están dando vueltas en los tribunales”, dijo Brazelton. “Aún no sabemos exactamente cómo se implementará esto”.
El oficial Luis Ayala-Zapata, un policía del estado de Nevada, reiteró comentarios similares hechos por las fuerzas del orden de Reno en un foro anterior el octubre pasado.
“Cuando hacemos paradas de tráfico, cuando investigamos choques o cualquier otro tipo de incidente en las carreteras de Nevada, cada vez que hacemos contacto con alguien lo que buscamos es una identificación”, según Ayala-Zapata. “La gente que no tiene licencia de conducir de Nevada … nos dará, por ejemplo, su tarjeta del consulado mexicano, y eso sigue siendo una forma de identificación”.
“En ningún momento pedimos su estatus legal, no es nuestro objetivo, no es nuestra obligación”, declaró el oficial.
Después de la parte de preguntas y respuestas del foro, se dio a los asistentes la oportunidad de hablar directamente con los miembros del panel.
“Estoy seguro de que hay otras mil preguntas”, dijo el Ayala-Zapata.