En más de 100 ciudades y pueblos de México, cientos de miles de personas han salido a las calles en oposición a las nuevas regulaciones electorales aprobadas a finales de febrero, que se consideran una posible amenaza a los principios democráticos.
Las medidas de reforma, de ser promulgadas, llevarían a drásticos recortes de financiamiento al Instituto Nacional Electoral de México, o INE, lo que según los manifestantes sería perjudicial para la democracia.
La reforma fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apoya la decisión argumentando que los recortes de financiamiento son necesarios para la economía, ya que el INE es uno de los organismos más costosos de su tipo en todo el mundo.
Los manifestantes se presentaron en todo el país en febrero vestidos de rosa y blanco, los colores oficiales del INE, y llevaban pancartas que decían “manos fuera del INE” en un fuerte mensaje de solidaridad con el organismo independiente que controla y supervisa todas las elecciones en México.
Muchos temen que los recortes de gastos planeados sean un camino directo hacia el pasado, en el que el Partido Revolucionario Institucional o PRI mantuvo el poder indiscutido de 1929 a 2000. El Instituto Electoral se presentó originalmente en 1990 como un poder para controlar a la presidencia y finalmente jugó un papel importante en el fin del régimen de un solo partido en México.
Las medidas, aprobadas por el Senado de México, buscan reducir el personal del INE en casi un 85 por ciento y reducir las sanciones a los candidatos que no revelan los gastos de campaña.
La nueva reforma electoral también reduciría el número de casillas electorales en todo el país, así como dificultaría que los votantes se registren o reciban tarjetas de identificación nacionales.
Muchos de los manifestantes recientes han expresado la esperanza de que la Corte Suprema de México anule algunos de los cambios o toda la reforma – tal cual como lo han hecho los tribunales con otras iniciativas presidenciales – debido a que ya que enfrenta desafíos legales.
Mientras los manifestantes han estado levantando sus voces en todo México, se pueden ver tendencias similares reflejadas en países como Brasil, Perú e Israel, donde los gobiernos están tomando medidas drásticas que muchos ven como amenazas a la democracia. Ahora México está en la mira de muchos por la preocupante advertencia sobre la propagación de estas tendencias antidemocráticas.
Estados Unidos está observando de cerca el desarrollo de la democracia en México, ya que ambos países están intrínsecamente vinculados.
Si se promulgan las reformas, podrían tener un impacto inmediato en las próximas elecciones presidenciales de 2024, en las que López Obrador, quien ya ha cumplido su límite de mandato de seis años, está listo para designar a un sucesor.