Nombre formal: Enmienda de los Comisionados de la Junta Estatal de Indultos
Tipo de medida: Resolución legislativa para enmendar la Constitución de Nevada
Resumen de lo que hace: Desde que se instituyó la Constitución de Nevada en 1864, ese documento ha otorgado al gobernador, al fiscal general y a los miembros de la Suprema Corte del estado el poder de “remitir multas y bienes decomisados”, “conmutar castigos” y “otorgar indultos, después de dictar sentencias”.
Este poder de perdón tiene limitaciones; requiere que el gobernador esté en el lado prevaleciente y limita cualquier conmutación de la pena de muerte o cadena perpetua. Tampoco puede otorgar indultos en casos de alta traición o juicio político.
A diferencia del poder de indulto del presidente, un indulto en Nevada no sella los antecedentes penales ni borra efectivamente una sentencia penal anterior. En cambio, “elimina todas las inhabilitaciones resultantes de la condena”.
Cuando los internos son puestos en libertad, la ley de Nevada (a partir de 2019) les devuelve el derecho al voto, pero derechos civiles como la posesión de armas o la capacidad para servir en un jurado, no se pueden restaurar a menos que se les conceda un indulto.
En la práctica, este poder es ejecutado por la Junta Estatal de Comisionados de Indultos, que se cita y tiene otras prácticas y funciones descritas en la ley estatal, incluyendo el requisito de sesionar al menos dos veces al año.
Si los votantes la aprueban, la Pregunta 3 hará varios cambios constitucionales que afectarán a la Junta de Comisionados del Indulto.
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La porción de este artículo se ha compartido como parte de nuestra colaboración con The Nevada Independent en Español. Se publicó originalmente en inglés el 21 de septiembre y fue escrito por Riley Snyder.