El Estatus de Protección Temporal, o TPS, es otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional. Permite a las personas de varios países como Nicaragua, El Salvador y Haití vivir en los Estados Unidos temporalmente como un “refugio seguro”. A finales de 2017, la administración Trump anunció la terminación del programa para numerosos países; sin embargo en octubre, un juez federal de California pospuso la decisión pendiente de más revisiones por los tribunales. Nuestra reportera Karina González visitó con una beneficiaria de TPS de Nicaragua, cuyo estatus de protección temporal debía terminar el 5 de enero.
Cuando entras a la casa de Yazmin Valenzuela en Carson City, de inmediato te saluda su perro, Chocho. Valuenzua ha sido beneficiaria de TPS por 20 años. Llegó a los Estados Unidos en 1999 para escapar la inestabilidad política en Nicaragua. Hoy, a los 62 años, vive tranquilamente con su hijo, nietas y Chocho.
“El TPS nos ha permitido a todos los nicaragüenses haber tenido una vida digna sobre todo con libertad,” dijo Valenzuela. “Además nos permite tener un trabajo bien remunerado y con un trabajo, pues poder comprar una casa, como en mi caso que he podido comprar una casa. Me he podido movilizar por algunas ciudades [y] estados de Estados Unidos, viajar con tranquilidad, vivir con tranquilidad, poder educar a los hijos, poder darle a los hijos un mejor futuro porque estamos legales”.
Valenzuela ha vivido en Carson City por 12 años con su hijo, sus nietas y su perro, Chocho.
Para el año 2017, hay más de 4,400 beneficiarios de Estatus de Protección Temporal en Nevada. Eso es según el Servicio de Investigación del Congreso.
Actualmente, 10 países tienen TPS, dicha designación está por terminar en los próximos dos años. Sin embargo, en un caso actual en la corte federal, las fechas de terminación del estatus para cuatro países incluyendo Nicaragua, el Salvador, Haití y Sudán, son todavía desconocidas.
“Actualmente está todavía un poco inconcluso”, dijo Steve Brazelton, un abogado en Reno quien especializa en el derecho migratorio. “Así que los períodos de renovación han terminado, sin embargo, con esta reciente decisión de la corte, se están extendiendo los permisos de trabajo, así que tenemos que esperar cómo se desarrolla la situación”.
A este punto, el Departamento de Justicia ha apelado la decisión que ha detenido temporalmente la eliminación del programa. Un portavoz del departamento dijo en una declaración que “la decisión del Tribunal usurpa la función del poder ejecutivo …” La declaración también defiende a la Casa Blanca y a el Departamento de Seguridad Nacional, agregando que el Departamento de Justicia “continuará luchando por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional”.
Mientras que el TPS permanece en limbo jurídico, Valenzuela y muchos otros no saben cuándo o si tendrán que irse.
“No me quiero quedar ilegal”, dijo Valenzuela. “Sé lo que es estar ilegal en este país. Sé lo que las personas sufren. Pero las personas que hemos trabajado, que hemos sido buenos ciudadanos, que hemos pagado nuestros impuestos, que hemos contribuido al desarrollo de este país, es injusto que nosotros nos echen”.
Sí Valenzuela regresa a Nicaragua, dejará a sus dos hijos adultos y sus nietos. Su hija, Ana Sanchez Valenzuela, es una receptora de DACA que está a punto a dar a luz a su primer hijo en la primavera.
“Pues, va a ser difícil para nosotros. No quiero que regrese”, dijo Sanchez Valenzuela. “Hemos estado viviendo aquí por muchos años. Ella ha estado viviendo aquí por 20 años y no queremos que ella regrese, especialmente con la situación en este momento en Nicaragua. No la van a tratar como si fuera ciudadana nicaragüense”.
La hija de Yazmin Valenzuela, Ana Sanchez Valenzuela, de 33 años de edad, es una receptora de DACA. Las dos están lidiando con la incertidumbre de sus situaciones legales.
Sanchez Valenzuela, de 33 años de edad, ha sido un beneficiario de DACA desde que el programa fue creado en 2012. Como su madre, ella también ha estado lidiando con la incertidumbre de su estatus.
“Entonces la pregunta es, nosotros estando aquí, como nosotros vamos a regresar a Nicaragua en una situación de este tipo?” dijo Valenzuela. “Entonces meternos al pozo de los leones y sobre todo porque vamos de Estados Unidos, donde ellos consideran que Estados Unidos son enemigos de la humanidad. Y entonces todos los que estamos aquí somos disidentes para el gobierno”.
Para Valenzuela, ella dice que regresar a Nicaragua podría significar enfrentar el hambre o incluso encarcelamiento.
El abogado Steve Brazelton dice que los miles de otros beneficiarios de TPS que están lidiando con esta situación incierta también comparten estas preocupaciones.
“Es difícil para muchas de aquellas personas, volver después de 20 años”, dijo Brazelton. “Es posible que ya no tengan una casa que los espere, que no reciban el mismo apoyo familiar cuando regresen. Es una situación muy difícil para aquellas personas que enfrentan la posibilidad de volver a sus países de origen estando aquí por más de 20 años”.
Mientras que los programas como DACA y TPS se encuentran en una etapa de incertidumbre, políticos como el Senador Republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur ha sugerido legislación que intenta llegar a un acuerdo que protegería los programas en cambio por la financiación de la seguridad fronteriza. Mientras tanto, grupos alrededor del país como Working Families United se están movilizando para salvar el programa.
Por ahora, Valenzuela permanece optimista y seguirá trabajando para conseguir la jubilación y estar presente en las vidas de sus nietos.